By Commissioner Natalie Milian Orbis
Our community is home to the largest Cuban exile population in the United States and the world. We are families who fled dictatorship, political imprisonment, and economic collapse. We know that the time is now to increase pressure on the regime, cut off the lifelines that sustain it, and finally bring freedom back to the Cuban people. With the tightening of sanctions on Venezuela, reduced access to Venezuelan oil by the regime, and decisive actions by President Donald J. Trump, the dictatorship is facing unprecedented external pressure.
That is why I introduced a resolution that establishes Miami-Dade County’s position with respect to the Cuban regime and the immediate need to strengthen pressure. These policy recommendations are rooted in real facts on the ground that are unique to our county. Here in Miami-Dade we see storefronts, service providers, and logistics companies openly advertising commercial transactions with Cuba. These patterns are visible, measurable, and tied to the daily flow of money and goods that reaches a dictatorship ninety miles from our shores.
A significant part of this problem involves general licenses that were created for narrow humanitarian purposes. These general licenses are vulnerable to abuse and exploitation. Their humanitarian scope has expanded in ways that raise legitimate questions about how they are being used. We routinely see public advertising, social media promotion, and news coverage of goods and services being routed to Cuba that appear commercial in nature rather than humanitarian. These patterns have prompted concern within our community about whether the licenses are being used as intended and whether the activities they facilitate serve the Cuban people or the regime. Miami-Dade has seen related risks firsthand. Recent compliance efforts by the Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernandez highlight the need for further investigation.
President Donald J. Trump has taken decisive action to end years of failed Cuba policy. Upon taking office, he reversed measures that weakened sanctions, restored a firm enforcement posture, reaffirmed Cuba’s designation as a state sponsor of terrorism, and reimposed clear limits on engagement with regime-linked entities. That leadership restored credibility to United States policy and sent a clear message to Havana.
Secretary of State Marco Rubio understands this fight because he comes from this community. He has shown how the regime survives by exploiting loopholes, forced labor, and weak enforcement. With President Trump’s leadership and Secretary Rubio’s clarity, the United States is applying the pressure needed to bring this dictatorship to its end.
But policy alone is not enough. Enforcement is what makes sanctions real. That is why Miami-Dade’s resolution calls for the immediate suspension of applicable Cuba-related general licenses and exports pending targeted audits. Those audits must determine who is receiving the goods, whether recipients are tied to the Cuba Restricted List, and whether the activity is genuinely humanitarian or simply commerce disguised as charity. The Miami-Dade County Commission and our entire community must speak out against the Cuban Communist regime’s attempts to exploit loopholes to enrich itself and crush dissent.
El momento de Cuba es ahora
Por la Comisionada Natalie Milian Orbis
Nuestra comunidad alberga a la mayor población de exiliados cubanos en los Estados Unidos y en el mundo. Somos familias que huyeron de la dictadura, del encarcelamiento político y del colapso económico. Sabemos que el momento es ahora para aumentar la presión sobre el régimen, desmantelar las estructuras que lo sostienen y, finalmente, devolver la libertad al pueblo cubano. Con el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela, la reducción del acceso por parte del régimen al petróleo venezolano y las acciones decisivas del presidente Donald J. Trump, la dictadura enfrenta una presión externa sin precedentes.
Es por eso que presenté una resolución que establece la posición del Condado de Miami-Dade con respecto al régimen cubano y la necesidad inmediata de fortalecer esa presión. Esta propuesta se basa en hechos reales y observables en nuestro condado. Aquí en Miami-Dade vemos comercios, proveedores de servicios y empresas de logística que anuncian abiertamente transacciones comerciales con Cuba. Estos patrones son visibles, medibles y están vinculados al flujo diario de dinero y bienes que llega a una dictadura a noventa millas de nuestras costas.
Una parte significativa de este problema involucra licencias generales que fueron creadas para fines humanitarios específicos y limitados. Estas licencias generales son vulnerables al abuso y la explotación. Su alcance humanitario se ha ampliado de maneras que plantean preguntas legítimas sobre cómo se están utilizando. De manera rutinaria vemos publicidad, promociones en redes sociales y cobertura noticiosa de bienes y servicios que se envían a Cuba y que parecen de naturaleza comercial más que humanitaria. Estos patrones han generado preocupación en nuestra comunidad sobre si las licencias se están utilizando según lo previsto y si las actividades que facilitan benefician al pueblo cubano o al régimen. Miami-Dade ha visto riesgos relacionados de primera mano. Los recientes esfuerzos para garantizar el correcto uso de estas licencias por parte del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, destacan la necesidad de una mayor investigación.
El presidente Donald J. Trump ha tomado medidas decisivas para poner fin a años de una política fallida hacia Cuba. Al asumir el cargo, revirtió medidas que debilitaban las sanciones, restableció una postura firme de aplicación, reafirmó la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y reimpuso límites claros al compromiso con entidades vinculadas al régimen. Ese liderazgo restauró la credibilidad de la política de los Estados Unidos y envió un mensaje claro a La Habana.
El secretario de Estado Marco Rubio entiende esta lucha porque proviene de esta comunidad. Ha demostrado cómo el régimen sobrevive explotando lagunas legales, el trabajo forzado y una aplicación débil de la ley. Con el liderazgo del presidente Trump y la claridad del secretario Rubio, los Estados Unidos están aplicando la presión necesaria para llevar a esta dictadura a su fin.
Pero la política por sí sola no es suficiente. La coerción y la aplicación de la ley son lo que hace reales las sanciones. Por eso la resolución exige la suspensión inmediata de las licencias generales y exportaciones relacionadas con Cuba que sean aplicables, a la espera de auditorías específicas. Esas auditorías deben determinar quién recibe los bienes, si los destinatarios están vinculados a la Lista Restringida de Cuba y si la actividad es genuinamente humanitaria o simplemente comercio disfrazado de caridad. La Comisión del Condado de Miami-Dade y toda nuestra comunidad deben alzar la voz contra los intentos del régimen comunista cubano de explotar lagunas legales para enriquecerse y aplastar la disidencia.
