By Juan D’Arce, M.S.Ed., President, Spanish American
League Against Discrimination (SALAD)
Of the three branches of government, the judiciary is arguably the least understood by the public — yet it shapes our daily lives more directly than most people realize. National elections dominate headlines, but it is often the judges sitting on Florida’s County and Circuit Courts who make the decisions that touch us most personally.
County Court judges handle traffic violations, misdemeanors, landlord-tenant disputes, and other civil matters. Circuit Court judges preside over felony cases, family law, juvenile proceedings, probate, and major civil litigation. The choices these judges make can determine a person’s freedom, family stability, property, livelihood, and future. That is an extraordinary amount of responsibility to place in anyone’s hands — which is exactly why civic education cannot be optional.
When our founding President, Javier Bray, established SALAD in 1974, he recognized that our local courts are the bedrock of our community. In 1985, our sixth President, Osvaldo Soto, took that fundamental belief even further. He worked tirelessly to cement the idea that a strong, merit-based judiciary relies entirely on an informed and engaged public. That vision still guides our work today.
Judicial races deserve the same scrutiny voters give to any other election, if not more. That means learning about each candidate’s background, reviewing their qualifications and courtroom experience, attending local forums, and doing independent homework before filling out a ballot. Name recognition, catchy slogans, and political endorsements are poor substitutes for genuine vetting.
Merit has to remain the deciding factor. Florida’s bench needs judges who bring real legal knowledge, sound judgment, integrity, and fairness to the job. Public confidence in the courts rises or falls based on whether the people wearing the robe are truly qualified to be there — and that confidence is worth protecting.
Ethics must be non-negotiable. A judge’s title carries little weight without an unwavering commitment to honesty, impartiality, and accountability. Voters should ask hard questions about a candidate’s ethical record, not just their résumé, because a courtroom is only as trustworthy as the person presiding over it.
It also matters whether judges stay connected to the communities they serve. A judge who shows up for civic events, supports educational outreach, and helps residents understand how the court system works builds trust in a way that a distant, unfamiliar bench never can. That kind of engagement — done appropriately and within ethical bounds — makes justice feel less abstract and more accessible to everyday people.
For over fifty years, SALAD has carried forward the belief that an informed community is a stronger community. Through nonpartisan civic education, we try to give people real opportunities to ask questions, learn the facts, and walk into the voting booth prepared — not just for judicial races, but for every decision that shapes our shared future.
At the end of the day, the courts belong to the public they serve. When voters take the time to research candidates and choose judges based on merit, ethics, community involvement, and genuine legal experience, they aren’t just filling a seat on the bench — they’re safeguarding the independence of the judiciary itself.
Voting is a right. Voting informed is a responsibility. ¡Vota Para Que Te Respeten!
El Poder Judicial, la Educación Cívica y el Futuro de Nuestra Comunidad
Por Juan D’Arce, M.S.Ed., Presidente, Spanish American
League Against Discrimination (SALAD)
De las tres ramas del gobierno, el poder judicial es posiblemente el menos comprendido por el público, y sin embargo moldea nuestra vida cotidiana de manera más directa de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Las elecciones nacionales dominan los titulares, pero con frecuencia son los jueces de los Tribunales de Condado y de Circuito de la Florida quienes toman las decisiones que nos afectan de manera más personal.
Los jueces de los Tribunales de Condado se encargan de infracciones de tránsito, delitos menores, disputas entre propietarios e inquilinos y otros asuntos civiles. Los jueces de los Tribunales de Circuito presiden casos de delitos graves, derecho de familia, procesos juveniles, sucesiones y litigios civiles de mayor envergadura. Las decisiones que toman estos jueces pueden determinar la libertad, la estabilidad familiar, la propiedad, el sustento y el futuro de una persona. Se trata de una cantidad extraordinaria de responsabilidad para depositar en manos de cualquiera, y por eso mismo la educación cívica no puede ser opcional.
Cuando nuestro Presidente fundador, Javier Bray, estableció SALAD en 1974, reconoció que nuestros tribunales locales son el cimiento de nuestra comunidad. En 1985, nuestro sexto Presidente, Osvaldo Soto, llevó esa convicción fundamental aún más lejos. Trabajó incansablemente para afianzar la idea de que un poder judicial sólido y basado en el mérito depende por completo de un público informado y comprometido. Esa visión sigue guiando nuestro trabajo hoy en día.
Las contiendas judiciales merecen el mismo escrutinio que los votantes dedican a cualquier otra elección, si no más. Eso significa informarse sobre los antecedentes de cada candidato, revisar sus calificaciones y experiencia en la sala del tribunal, asistir a foros locales y hacer una investigación independiente antes de llenar una boleta. El reconocimiento de nombre, los eslóganes pegajosos y los respaldos políticos son sustitutos deficientes de una verdadera evaluación.
El mérito tiene que seguir siendo el factor decisivo. La judicatura de la Florida necesita jueces que aporten verdadero conocimiento legal, buen juicio, integridad y equidad al cargo. La confianza pública en los tribunales aumenta o disminuye según si las personas que llevan la toga están realmente calificadas para estar ahí, y esa confianza vale la pena protegerla.
La ética debe ser innegociable. El título de juez tiene poco peso sin un compromiso inquebrantable con la honestidad, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Los votantes deberían hacer preguntas difíciles sobre el historial ético de un candidato, no solo sobre su currículum, porque una sala de tribunal es tan confiable como la persona que la preside.
También importa si los jueces se mantienen conectados con las comunidades a las que sirven. Un juez que se presenta a eventos cívicos, apoya el alcance educativo y ayuda a los residentes a entender cómo funciona el sistema judicial genera confianza de una manera que un tribunal distante y desconocido nunca podría lograr. Ese tipo de compromiso —realizado de manera adecuada y dentro de los límites éticos— hace que la justicia se sienta menos abstracta y más accesible para la gente común.
Durante más de cincuenta años, SALAD ha llevado adelante la convicción de que una comunidad informada es una comunidad más fuerte. A través de la educación cívica no partidista, intentamos brindarle a la gente oportunidades reales de hacer preguntas, aprender los hechos y llegar preparada a la cabina de votación, no solo para las contiendas judiciales, sino para cada decisión que da forma a nuestro futuro compartido.
Al final del día, los tribunales pertenecen al público al que sirven. Cuando los votantes se toman el tiempo de investigar a los candidatos y eligen jueces con base en el mérito, la ética, la participación comunitaria y la experiencia legal genuina, no solo están ocupando un puesto en el estrado: están salvaguardando la independencia misma del poder judicial.
Votar es un derecho. Votar informado es una responsabilidad. ¡Vota Para Que Te Respeten!
